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Los participantes destacan las jornadas educativas y de vacunación constantes, así como la atención móvil y domiciliaria. Hacen énfasis en la cobertura universal, que permite el acceso a servicios sanitarios sin importar el régimen de afiliación. Además, reconocen la relevancia de las aseguradoras como actor visible al que se le puede reclamar el cumplimiento de los deberes en la atención; la gestión de riesgo y el seguimiento a las necesidades de los pacientes.
Los participantes manifiestan que se necesita aumentar la financiación del sistema, fortalecer las IPS y mejorar la capacidad de atención, la capacidad instalada y los sistemas de información. Además, indican que se debe velar por la humanización de la atención y por un mayor compromiso y responsabilidad de los usuarios con su salud, adoptando un modelo centrado en la promoción y prevención.
El artículo 80 genera incertidumbre al plantear un mecanismo de prestación sin contratación en el marco de una banda tarifaria. Esto incentivaría la prestación con pago por evento y podría conducir a una saturación de los servicios de salud. Tampoco se evidencia un incentivo para la creación de IPS de mediana y alta complejidad en zonas dispersas.
No es claro en indicar quiénes serán las entidades encargadas de gestionar y cubrir el transporte de los pacientes que deban desplazarse a otros territorios para poder acceder a la atención que requieren.
No exponen con claridad cuáles serán los incentivos a la oferta ni cómo se va a garantizar la suficiencia de personal de las distintas especialidades que se requieren para cubrir dicha necesidad insatisfecha
Garantizar observancia y vigilancia de procesos, así como el control de los recursos, a través de un tarifario universal para todos los operadores del sistema.
Centralizar los trámites en una única entidad para agilizar los procesos y reducir los tiempos de espera, así como tener una gestión integrada del paciente.
Desarrollar actividades para hacer frente a las brechas en los determinantes sociales de la salud, como los servicios públicos, y mejorar el acceso oportuno a medicamentos.
Adoptar enfoques diferenciales para grupos poblacionales históricamente marginados, que evite todo tipo de discriminación dentro del sistema de salud colombiano.
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